Los ojos de Franco en las Islas

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Héctor Fajardo / La Laguna

Los servicios de Información de la policía franquista vigilaron muy de cerca a los grupos que consideraban peligrosos o desestabilizadores del régimen. Una cuestión a la que pocas personas sorprenderá. Sin embargo, el control no se detenía ahí e incluso sus ojos y oídos estaban puestos en los lugares más insospechados. Una información que cada 10 días llegaba al Gobernador Civil y, por consiguiente, a Franco. Numerosos documentos pertenecientes a comunicaciones secretas entre el servicio de Información del Cuerpo General de Policía, antesala del actual Cuerpo Nacional de Policía, y el Gobierno Civil en los años 50 y que fueron desclasificados hace casi una década permanecían almacenados sin apenas constancia de su existencia en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En estos archivos no solo se detallan los seguimientos constantes que realizaban los agentes de este cuerpo policial a grupos que eran considerados peligrosos para el orden social de la época, sino también el control establecido hacia agentes de los servicios secretos ingleses y estadounidenses, que gracias a estos documentos se constata aún más su presencia en las Islas en los años 50, desarrollando una labor de indagación en un país que comenzaba a tener contactos de índole diplomática con Estados Unidos. Los informes reseñados nos trasladan a una época convulsa, donde las heridas de una guerra no habían dejado de sangrar, a pesar de los 12 años transcurridos desde el fin de la contienda fratricida. El resentimiento y el odio se hacen patentes entre las múltiples páginas de estos informes. Los propios agentes usan términos despectivos para definir a los miembros de grupos opositores como el Partido Comunista o los colectivos pertenecientes al antiguo Frente Popular.

Infiltrados

Las reuniones clandestinas que estos colectivos celebraban e incluso los comentarios que circulaban entre sus afines no eran desconocidos para el Servicio de Información de la Policía, que de forma constante emitía un informe detallado que era remitido a los gobernadores civiles, como máximas autoridades en el Archipiélago. Cualquier movimiento, por pequeño que fuese, era advertido por estos agentes, que poseían informadores e infiltrados en todos estos grupos.

Hay que destacar que la fecha de esos documentos significa el inicio de los primeros movimientos de organización del Partido Comunista, que no será hasta finales de esa década cuando se estabilice como colectivo opositor. Del mismo modo, hay que añadir que la policía franquista desarrollaba su labor de espionaje y vigilancia preferiblemente en el interior de la nación, ya que el régimen aún luchaba por tener el control total de la población. Por este motivo, los servicios en el extranjero eran escasos y el control sobre estos se limitaba a sus movimientos en el interior del país.

Canarias se encontraba en un contexto histórico muy particular. La fecha de los documentos desclasificados nos remite a 1951, época de tímido avance económico pero donde aún reinaba el racionamiento de los alimentos, provocando disturbios y descontento entre algunos sectores poblacionales y que la policía seguía de cerca, informando puntualmente al gobierno.

De igual manera, España había iniciado contactos con Estados Unidos, por este motivo, este tipo de noticias eran comentadas por los sectores «marginales» de la sociedad, tal y como eran definidos los grupos opositores al régimen por parte de estos policías. Estos primeros movimientos no pasaron desapercibidos para la población, de hecho los comentarios que se realizaban en cafeterías públicas eran recogidos por los agudos oídos de los agentes de información.

Lugar estratégico

Pero quizás los detalles más curiosos de los numerosos párrafos redactados por los miembros de la unidad de información son sin duda aquellos que hacen referencia al control establecido en los movimientos de los servicios de inteligencia extranjeros en las Islas. En estos documentos se establece que los agentes desplazados desde varias potencias tenían como motivación el análisis de la realidad económica y militar del país, centrándose en un lugar estratégico en ambos sentidos, las Islas Canarias. Entre ellos, los agentes controlan los movimientos de efectivos norteamericanos e ingleses, que pululaban por las calles isleñas haciéndose pasar por empresarios, turistas o trabajadores gubernamentales.

Muchos expertos historiadores, algunos de ellos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, coinciden en calificar esta época reseñada en los informes como «el incipiente activismo en pro del control de todos los sectores sociales por parte de los servicios secretos españoles».

El 20 de junio de 1951, el encargado de redactar los informes del Cuerpo General de Policía, sobre la base de las indagaciones y operativos de vigilancia establecidos hacia los servicios de inteligencia extranjeros, establecía en uno de sus epígrafes: «En esta capital (Santa Cruz de Tenerife) el servicio que predomina es el inglés y norteamericano. Sus actividades se reducen a cuestiones comerciales y si acaso de estrategia militar o similares, ya que esta Provincia carece de interés de orden político». Por estas palabras se entiende que la mayor preocupación del gobierno eran los actos que pudieran poner en riesgo la consolidación política del régimen, el cual pretendía legitimarse de cara al exterior, tras el fin de los regímenes de Hitler y Mussolini, así como establecer relaciones diplomáticas con otros países.

De hecho, se pretendía potenciar la labor diplomática de España con Estados Unidos, ya que significaba una clara acción de oposición ante el bloque comunista. Sin duda, y a la vista de estos informes, la actividad de los servicios de información de la policía iba desarrollada a controlar de forma exhaustiva a los grupos opositores al régimen, que podían poner en riesgo la estabilidad del mismo.

Los agentes, como se mencionó anteriormente, se mostraban en ocasiones despectivos con respecto a los colectivos a los que vigilaban. Esto se puede observar en un epígrafe de otro informe, donde se detallan los movimientos de los comunistas: «Los marginados, en esta decena, han proseguido su campaña de desmoralización dentro de las filas trabajadoras. Arguyen en todos sus comentarios que la situación económica actual y de hambre que padece el trabajador no se puede solucionar si no con un cambio de régimen. No hablan de política, la soslayan. Indudablemente que hay buena parte del elemento productor que cree con fe dichos argumentos, ignorando lo que en sí encierra esta propaganda».

Vigilancia

Es precisamente esa precaria situación económica que resaltan la que les hizo seguir muy de cerca a sectores muy específicos de la sociedad canaria, como los agricultores y ganaderos o los empleados de la minería. Respecto a este último colectivo, el Cuerpo General de la Policía detalló en el informe del 1 de junio: «La falta de dinamita ha provocado el paro de los trabajos. En este sector se espera que por las autoridades correspondientes se dé solución a un problema de vital importancia para la economía canaria».

Los racionamientos también eran causa de problemática social, tal y como quedó reseñado, ya que en el mismo documento las autoridades recogen la situación de malestar social que se ha creado por la escasez de alimentos, incluso «los más imprescindibles».

La recogida de información aumentaba tras un movimiento político. Tan es así, que, en los documentos desclasificados se detalla como los agentes del Cuerpo General de Policía vigilaban de cerca las cafeterías y las zonas de recreo, con el fin de recoger los comentarios de los ciudadanos respecto a las últimas visitas de políticos y diplomáticos estadounidenses. «Se comenta mucho la llegada a Madrid de numerosas personalidades políticas norteamericanas, creyendo que se trata de un entendimiento entre ambas potencias. Mucho se especula sobre el particular, ya que se supone que se aproxima un mejoramiento de orden económico del que está muy necesitado España», matiza el informe.

Uno de los puntos del informe desclasificado hace hincapié en las acciones «anti-extremistas» desplegadas por los servicios de información en Canarias (comunistas y Frente Popular), aunque añaden uno más, los masones de las Islas. Este colectivo es seguido con detenimiento, dadas las leyes que pesaban sobre ellos en la época descrita. En el informe del 20 de mayo de 1951, los agentes describen que «los marginados (masones) continúan haciendo sus prestaciones con toda normalidad en esta Comisaría. Entre estos, no se captan otros datos que los normales de su situación y se congracian con las pasadas huelgas, pero no se les observa contacto íntimo con otros elementos que hagan suponer una posible organización». Esta hipotética unión entre masones despertaba las suspicacias del aparato represor estatal, ya que los consideraba elementos intrigantes y/o conspiradores contra el orden establecido.

Intervención

De igual manera, dentro de las acciones «antiextremistas», otro de los objetivos eran «las actividades de familiares de rojos y huidos», una descripción literal que aparece en uno de los informes. La lectura de este epígrafe muestra cómo los agentes de los servicios de información de la policía accedían a la correspondencia que los familiares de los exiliados enviaban al extranjero, ya que entre sus párrafos se puede leer que «envían al extranjero noticias sobre asuntos del interior de la nación, que después explotan en malsana propaganda» o, también, que «les envían cartas, en las cuales y de modo discreto comentan asuntos y hechos, por lo que se puede apreciar dificultades económicas que más tarde explotan en vil propaganda contra España». En ningún momento dudan en dar su opinión al respecto, añadiendo opiniones o interpretaciones subjetivas del agente. Algo que no se permite en la actualidad, dado que son los Analistas, profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad formados en interpretación, los únicos capacitados para emitir un juicio de valor sobre el contenido de una información.

Dentro de los sectores «radicales», como eran definidos, también englobaban al Socorro Rojo, una orden humanitaria que desarrolló su actividad durante la guerra y que en los años 50 carecía de voluntarios y recursos suficientes para llevar a cabo su acción de ayuda. Asimismo se hallaban «los extremistas». En este último grupo, los agentes englobaban a aquellos activistas de izquierdas que desarrollaban una supuesta labor de sabotaje en el país.

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